“Posible fraude o irregularidad en la compra de mascarillas con fondos europeos”
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN “JUSTICIA POR LA SANIDAD”
(En Granada, a 2 de marzo de 2021)
Esta Asociación ha tenido acceso a información solicitada al Servicio Andaluz de Salud (SAS) con arreglo a la Ley de Transparencia. Dicha información se refería a una compra de 7,5 millones de mascarillas quirúrgicas, que fueron distribuidas en kits de tres unidades a personas mayores de Andalucía, con el logotipo de la Junta de Andalucía.
Tal como se ha publicado en el diario de esta asociación, El Libre, con la información obtenida se ha detectado una posible irregularidad o fraude en el uso de los fondos europeos (FEDER), al modificarse el objeto del contrato y no cumplirse con los plazos previstos en la legislación de contratos del sector público para los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia.
Esta asociación ha puesto los hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda, para su investigación y, en su caso, depuración de responsabilidades, ante la posible irregularidad o fraude cometido. Debe tenerse en cuenta que la normativa europea de los fondos FEDER exige el cumplimiento de la normativa interna de cada Estado miembro, y en el caso de este contrato, ha habido varios incumplimientos legales en materia de contratación.
Debe tenerse en cuenta que en la Memoria Económica del contrato se estimó que el importe económico de suministros necesarios de medios de protección para profesionales en la lucha contra la pandemia alcanzaba la cifra de 119.217.295 euros, y basada en dicha Memoria, el Director Gerente del SAS firmó el “Acuerdo de tramitación de emergencia para adquisición de equipos de protección individual, con destino a los centros sanitarios del servicio andaluz de salud para la atención y prevención ante la pandemia del covid-19”. Ambos documentos forman parte del Expediente que se llevó al Consejo de Gobierno, para tomar conocimiento del mismo. Es decir, el Gobierno andaluz tenía conocimiento de los hechos.
El SAS adjudicó el contrato de suministro de equipos de protección individual (EPI) a fin de satisfacer las necesidades de abastecimiento de los centros sanitarios del SAS, por un importe de 117.414.221,79 euros, que se distribuyó en 60 lotes. El Lote 27 fue adjudicado a la empresa Diseño y Aplicaciones del No Tejido, SL, por 2.504.250 euros.
Pero el SAS no pidió a dicha empresa EPI, ni la mercancía se distribuyó a los centros sanitarios para proteger a sus profesionales, sino que se compraron a esta empresa 7,5 millones de mascarillas quirúrgicas con el logotipo de la Junta de Andalucía para distribuirlas a las personas mayores de 65 años de Andalucía, cambiando el objeto del contrato sin modificarlo previamente. Además, debe recordarse que, legalmente, la mascarilla quirúrgica es un producto sanitario, no estando clasificado como equipo de protección individual (EPI), dado que no protege de un posible contagio a su usuario.
